Sinaloa registra pérdidas de 1,000 mdd tras captura de «El Mayo»

Por Juan Pablo Ojeda
Un informe técnico difundido por un exoperativo de la DEA señala que el estado de Sinaloa ha sufrido una contracción económica superior a los mil millones de dólares desde la captura de Ismael “El Mayo” Zambada. Este impacto financiero es consecuencia directa de la parálisis comercial, el cierre de cadenas de suministro y la reducción de la movilidad en áreas urbanas clave del estado.
El análisis desglosa que la mayor parte de las pérdidas provienen del sector terciario, específicamente del comercio minorista y la industria restaurantera en Culiacán, donde la actividad disminuyó un 65% en las semanas posteriores al evento. La inseguridad ha provocado que empresas locales operen al 30% de su capacidad instalada ante el temor de represalias.
La inversión privada también ha registrado un freno significativo. Datos sectoriales indican que el flujo de capital foráneo en la entidad se redujo en un 22% durante el último trimestre, debido a la incertidumbre sobre la estabilidad operativa en la región centro del estado.
La infraestructura logística, vital para la exportación agrícola, ha enfrentado interrupciones intermitentes. La cadena de suministro agroindustrial, que representa el motor de la economía sinaloense, reporta mermas acumuladas de 150 millones de dólares debido a la dificultad para trasladar mercancías durante los picos de violencia armada.
El costo social se traduce también en un incremento del desempleo informal. El cierre de negocios no esenciales ha dejado a miles de trabajadores sin ingresos diarios, provocando una caída drástica en el consumo interno que se suma a la espiral de desaceleración económica regional.
Las proyecciones para el cierre del año sugieren que, de mantenerse las condiciones actuales de inestabilidad, la pérdida total para la economía sinaloense podría escalar hasta los 1,500 millones de dólares. El sector bancario local ya comienza a ajustar los perfiles de riesgo crediticio para las pequeñas y medianas empresas.
Finalmente, el reporte subraya que la reconstrucción del tejido comercial dependerá exclusivamente de la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en los corredores logísticos, sin que esto implique necesariamente el cese inmediato de los conflictos entre grupos criminales en disputa.